GENIUS Act: la ley que debía proteger a las víctimas cripto protege a Tether y Circle

Lenora perdió 381.000 dólares. No en un desplome del mercado, no en un hackeo: se los robó un hombre que decía amarla, al que conoció en internet, y que la convenció de volcar sus ahorros en USDC — el stablecoin “seguro” emitido por Circle. Es un caso clásico de pig butchering, la estafa romántica que engorda a la víctima con confianza antes de sacrificarla financieramente. En agosto de 2025 la policía rastreó los fondos. Circle los congeló. Después, durante meses, no se los devolvió a nadie.

No por un tecnicismo insalvable. Por una decisión. Y esa decisión hoy está amparada, casi incentivada, por una ley federal estadounidense que el Congreso vendió como el escudo de los consumidores contra el fraude cripto: la GENIUS Act, firmada por Trump el 18 de julio de 2025. Un año después de la firma, el caso de Lenora — junto con el de decenas de otras víctimas — muestra qué ocurre cuando la ley que debería protegerte se escribe con la ayuda de quien, poco después, se beneficia de ella.

El caso Wisconsin: 381.000 dólares robados, nunca devueltos

El expediente es público: denuncia penal 2026CM000286, condado de Walworth, Wisconsin, presentada por el fiscal Thomas Binger. Víctima: una residente del condado, estafada con el esquema romántico clásico en mayo de 2025. En agosto de 2025 Circle ejecuta el bloqueo (freeze) de las billeteras implicadas — una función técnica que la empresa integró directamente en el contrato inteligente de USDC desde el inicio. En diciembre de 2025 llega una orden judicial para el “burn-and-reissue”: quemar los tokens robados y reemitir otros nuevos directamente en la cuenta de la víctima. Circle se niega, alegando “limitaciones técnicas”. El perito forense Joshua Cooper-Duckett, encargado de verificar esa tesis, la refuta: el burn-and-reissue es técnicamente viable, Circle lo sabe, es una decisión comercial, no una limitación de ingeniería. Mientras tanto Circle presentó una moción de desestimación por incompetencia territorial — rechazada en los meses siguientes por los fiscales, quienes en julio de 2026 elevaron la apuesta presentando una denuncia por desacato penal (criminal contempt complaint), ya no solo un reclamo civil.

Mientras el expediente languidece en los tribunales, esos 381.000 dólares permanecen depositados en las reservas de Circle. Y las reservas de USDC — por contrato, por prospecto, por modelo de negocio — generan intereses. Sobre cada dólar congelado, incluido el de las víctimas, Circle sigue cobrando.

A nivel global, la cifra congelada y nunca devuelta se estima en unos 119 millones de dólares (estimación del investigador blockchain Yury Serov). Según datos de AMLBot, entre 2023 y 2025 Circle congeló cerca de 109 millones de dólares en fondos vinculados a actividades ilícitas — frente a los 3.300 millones de dólares congelados por Tether en el mismo período. Treinta veces más. Tether devolvió en total 1.100 millones de dólares a víctimas, trabajando con más de 340 agencias de investigación en 67 países. Circle, según la carta de los fiscales de Nueva York al Congreso (26 de enero de 2026), devolvió cero dólares.

La ley del Congreso: firmada en julio de 2025, ya insuficiente

La GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act) es la primera ley federal estadounidense que regula los stablecoins. Sobre el papel, es un logro: reservas 1:1 obligatorias, auditorías periódicas, requisitos de licencia. En la práctica, según la carta firmada por la fiscal general de Nueva York Letitia James, el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg y otros tres fiscales de distrito, la ley concede a los emisores un “imprimátur de legitimidad” sin imponer obligaciones equivalentes hacia las víctimas de fraude. El texto — escriben los fiscales — no contiene ningún lenguaje sobre restitution: ninguna obligación legal de devolver fondos robados vinculados a un delito documentado. Cuando un emisor congela una billetera, la ley no dice qué debe ocurrir después. Puede “hoards” — acumular — el efectivo subyacente indefinidamente, en lugar de remitirlo a las fuerzas del orden o a la víctima, mientras sigue cobrando intereses sobre esos fondos. Los fiscales lo definen sin rodeos como un “gift” — un regalo — a las empresas que “profit from fraud” — se benefician del fraude.

El hombre que ayudó a escribir la ley — y que un mes después fue contratado por quien se beneficia de ella

Aquí la historia deja de ser solo regulatoria y se vuelve política. Según una investigación de Bloomberg (Big Take, 22 de julio de 2026, basada en documentos judiciales y reportería cruzada), Howard Lutnick — entonces al frente de Cantor Fitzgerald, el banco que gestiona físicamente las reservas de Tether — trabajó entre bastidores en 2024 para debilitar ciertas medidas de la ley en discusión, mientras defendía públicamente la solidez de las reservas de Tether. Un documento judicial citado por Bloomberg recoge que el presidente de Tether habría dicho a un asociado que fue precisamente Lutnick quien bloqueó una versión anterior de la ley, considerada demasiado estricta.

En paralelo, Bo Hines, entonces responsable de la política sobre activos digitales en la Casa Blanca, presionó para una aprobación rápida del texto y para un período de gracia de tres años en materia de cumplimiento — no los 18 meses propuestos por los demócratas — calificado de “no negociable” por la Casa Blanca. Esa concesión era exactamente lo que Tether quería.

Trump firma la GENIUS Act el 18 de julio de 2025. Un mes después, Tether contrata a Bo Hines como asesor. Poco después lo asciende a CEO del nuevo producto USAT (Tether USA), el vehículo con el que la empresa entra en el mercado regulado estadounidense creado precisamente por esa ley.

No es una acusación de delito: ninguna de las dos conductas descritas por Bloomberg es, a día de hoy, objeto de imputación penal conocida. Es un hecho documentado de tiempos y de roles — quién ayudó a escribir las reglas del juego, y quién se sentó a la mesa inmediatamente después, del lado de quien explota esas reglas.

Dos emisores, dos caminos opuestos

El contraste entre los dos principales emisores de stablecoins no podría ser más nítido. Por un lado Tether: en febrero de 2026 colabora en la incautación de 61 millones de dólares en USDT vinculados a una estafa romántica en Raleigh, Carolina del Norte — el CEO Paolo Ardoino emite una declaración pública sobre la cooperación. En enero de 2026, en un caso ligado a pig butchering, 225 millones de dólares en USDT se transfieren directamente al emisor — un modelo “direct-to-issuer” más rápido que el paso tradicional a través de un exchange. Por otro lado Circle: denuncia penal por desacato en curso, cero dólares devueltos de forma documentada, moción de desestimación presentada en vez de colaborar.

Es una paradoja particularmente amarga para Europa: desde el 1 de julio de 2026, tras la entrada en vigor de la MiCA, USDC es de hecho el único stablecoin en dólares que sigue disponible legalmente para los usuarios europeos — Tether se vio forzado a salir de los principales exchanges regulados de la UE. Bruselas impuso a los ciudadanos europeos precisamente el emisor que, según los fiscales estadounidenses, se niega sistemáticamente a devolver fondos robados.

Los números del crimen: por qué los stablecoins son el corazón del problema

El informe Chainalysis 2026 Crypto Crime fija el volumen total de actividad ilícita on-chain en 2025 en al menos 154.000 millones de dólares (+162% interanual). El dato más relevante para esta investigación: los stablecoins representan el 84% de todo el volumen de transacciones ilícitas de 2025. La ley que el Congreso escribió para regular los stablecoins está, por tanto, regulando — para bien o para mal — el instrumento hoy dominante en el crimen financiero cripto.

En cuanto a las víctimas directas, los números del FBI Internet Crime Complaint Center (IC3) para 2025: los estadounidenses perdieron 11.370 millones de dólares en estafas cripto, +22% interanual. Los mayores de 60 años representan por sí solos 4.350 millones — el 38% del total — con un incremento del 59% en el fraude a personas mayores. El pago promedio por víctima de pig butchering subió de 782 a 2.764 dólares (+253%) entre 2024 y 2025, según datos de Chainalysis citados por CryptoTimes. Las estafas potenciadas por inteligencia artificial — clonación de voz, documentos KYC sintéticos — causaron 893 millones de dólares en pérdidas documentadas, +1.400% interanual.

El programa conjunto FBI-Secret Service Operation Level Up notificó, entre enero de 2024 y marzo de 2026, a casi 9.000 víctimas — el 77% de las cuales ignoraba por completo haber sido estafada — recuperando cerca de 562 millones de dólares. Un detalle escalofriante y poco reportado: 93 víctimas fueron derivadas a intervención de prevención del suicidio.

La defensa de Circle y las voces escépticas

Circle, a través de su Chief Strategy Officer Dante Disparte, sostiene públicamente que puede bloquear billeteras (blocklist) pero no puede técnicamente “quemar y reemitir” tokens hacia billeteras self-custodial de terceros sin controlar sus claves privadas — y afirma estar trabajando con el Departamento de Justicia en un marco federal de decomiso de activos (asset forfeiture) para compensar a las víctimas de forma estructurada, en lugar de caso por caso. Es una postura legítima que merece ser reportada: si el marco prometido llega realmente y a tiempo, cambiaría la valoración de esta historia. Pero debe medirse frente al hecho verificado de que el mecanismo técnico existe — lo confirma un perito forense independiente designado por el tribunal — y frente a la ausencia, hasta hoy, de cualquier restitución documentada comparable a la de Tether.

Respecto al frente Lutnick-Hines, hay que decirlo con la misma claridad: ningún tribunal ha determinado un ilícito. El documento judicial citado por Bloomberg es material probatorio dentro de una investigación periodística, no una sentencia. Que Hines fuera contratado por Tether un mes después de la firma de la ley es, en sí mismo, solo cronología — no prueba un acuerdo preexistente. Es la coherencia entre varios episodios independientes (presión por el período de gracia de tres años, luego contratación inmediata; gestión de las reservas de Tether por parte de Cantor, luego defensa pública de esas mismas reservas durante la redacción de la ley) lo que hace relevante la historia, no un hecho aislado.

Qué queda por preguntar

La GENIUS Act introdujo estándares de reserva que la industria nunca había tenido por ley. Esto es un hecho, no una opinión. Pero un año después de la firma, el caso Wisconsin demuestra que la ley no responde a la pregunta más simple que puede hacer una víctima: si mi dinero robado se encuentra y se congela, ¿vuelve a mí? Para Lenora, hasta hoy, la respuesta sigue siendo no. Y quien ayudó a escribir esa ley, mientras tanto, trabaja para la empresa que más se beneficia de ese vacío.